Trocar armas por árboles

En 1948, recién concluida la más cruenta guerra que ha visto la civilización, Costa Rica decidió eliminar el ejército militar como una decisión política que cumpliera dos funciones: la primera, garantizar que nunca se utilizaría la fuerza armada institucional para intervenir en conflictos domésticos ni internacionales; y la segunda, redirigir el tradicional gasto militar a otras necesidades públicas como educación y salud.

El experimento dio resultado y la pequeña nación costarricense se destacó, en su violento entorno regional, como una nación de paz con altos índices de salud y educación de la población.

En 1979, una reforma de ley cambió la forma en la que Costa Rica se relacionaba con sus bosques. En pocos años, se detuvo la deforestación y se introdujo el pago por servicios ambientales para incentivar la conservación y reforestación en el país. 

Treinta años después, Costa Rica ha logrado duplicar su cobertura boscosa, siendo líder global en conservación de ecosistemas, turismo sostenible, clasificación de biodiversidad, pago por servicios ambientales, y esfuerzos por neutralizar sus emisiones de carbono, al tiempo que se triplicó el producto nacional bruto del país apostando por empleos de alto valor agregado y baja huella ecológica como los servicios y la manufactura de tecnología avanzada, sin olvidar la eficiente agricultura de calidad mundial.

Hoy en día, cuando la humanidad se gasta anualmente más de un billón de dólares (en inglés, trillion) en armas y mantenimiento de ejércitos, y en que el cambio climático representa una acumulación de costos sociales, económicos y ambientales presentes y futuros, cuya adaptación requiere, según expertos, unos 100 mil millones de dólares (en inglés 100 billion) anuales, valdría la pena considerar el modelo exitoso de desarrollo sostenible de Costa Rica. El dinero existe. Lo que hace falta es virtud y valentía para tomar las decisiones requeridas. 

Calero: un análisis del conflicto

La historia de Costa Rica con el Río San Juan se escribe en una línea: el país tiene derechos limitados de navegación en el río. Punto. Ahí acaba la historia. Esa es la importancia que tiene para Costa Rica ese accidente geográfico.

Para el planeta, el Río San Juan es uno de los ecosistemas más ricos que existen. Es un voluminoso caudal de agua dulce que fluye todo el año regando una cuenca que consiste en un enorme sistema de canales y afluentes que conforman uno de los humadales más biodiversos del planeta.

El conflicto fronterizo por la isla Calero, que ocupa a Costa Rica y Nicaragua desde octubre de 2010, tiene dos vertientes de solución jurídica, según se determine la responsabilidad de uno u otro país respectivamente. O sea, la Corte Internacional de Justicia determina que Nicaragua lleva razón jurídica o que la lleva Costa Rica. Si Nicaragua, entonces Costa Rica aceptará la sentencia como estado respetuoso de la jurisdicción del derecho internacional como siempre lo ha hecho.

Si Costa Rica, entonces sólo puede haber dos explicaciones que se le podrían achacar a Nicaragua como móviles por lo acaecido: o realizó la intervención civil y militar por un error cartográfico o de otra índole, incurriendo en culpa por la negligencia de sus líderes y tomadores de decisión en ese proyecto de dragado que los llevó a intentar crear un canal artificial a través de una isla que es territorio costarricense; o realizó la intervención civil y militar a sabiendas de que aquello estaba fuera de su derecho estatal legítimo y soberano, en cuyo caso habría incurrido en una conducta dolosa.

Más aún, si esto lo hizo con pleno conocimiento de causa de que se trataba de territorio costarricense, entonces, además de imputable la conducta por dolosa, conlleva el agravante de haber sucedido en contra del territorio de un estado desmilitarizado, lo cual es una inescrupulosa cobardía del máximo responsable legal del estado nicaragüense.

En el cálculo de costos y beneficios de los que mandaron a dragar la isla Calero resultaba relativamente bajo el costo de incursionar en contra de un país sin capacidad instalada ni institucionalidad militar ni idiosincrasia belicista para repeler dicho ataque por la fuerza. Distinto habría sido el cálculo de costos si hubiera sido en la frontera nicaragüense con Honduras, su vecino del norte.

Por eso, y sujeto a la decisión de la Corte Internacional de Justicia, prefiero creer que lo sucedido fue un error por la parte nicaragüense, en cuyo caso la culpa por negligencia en la toma de decisión será prontamente perdonada tras la disculpa del caso por parte de las autoridades correspondientes y el resarcimiento del daño, aunque tomará décadas recuperar lo ambiental, podría traer beneficios económicos para ambas partes en el desarrollo del turismo sostenible de la zona y en la exploración de la riqueza en biodiversidad que ambos países comparten en su frontera.

Para Costa Rica el costo ha sido altísimo en dinero para defenderse legalmente, en recursos administrativos y diplomáticos distraídos de otras prioridades para dedicarlas al tema de Calero, en emoción y energía negativa que ha creado en muchos costarricenses este desagradable incidente, pero ante todo en el tiempo perdido en conversaciones sobre el asunto que nos han impedido progresar armoniosamente en otros rumbos que lleva nuestro país.

Afortunadamente, ante semejante obstáculo en su política exterior la señora presidenta ha sabido abrir trocha en busca de nuevos caminos, literalmente. Por ello, sugiero que, ante la inminente resolución de la Corte Centroamericana de Justicia en contra de Costa Rica, pongamos oídos sordos y nos sigamos enfocando en lo que es realmente prioritario para la agenda de desarrollo nacional.